Principios

Es el grado en que se alcanza el bien común por encima del egoísmo individual, buscando la construcción de una sociedad cada vez más inclusiva, justa y equitativa, impulsando la democracia económica que redistribuya la riqueza nacional y erradique la explotación entre los seres humanos.
Es el grado en que se fortalece el sistema de gobierno, jurídico, administrativo, económico y financiero descentralizado para ejercer las atribuciones propias de las regiones Autónomas, de sus órganos de administración y los deberes y derechos históricos que corresponden a sus habitantes según la Constitución Política de Nicaragua, la Ley 28 y demás leyes de la República.
Es el grado en que se construye una cohesión social a través de la paz y la prosperidad a la vez que se reconoce y se fomenta las identidades propias de los diferentes grupos sociales y étnicas en la forma de expresiones culturales y religiosos las que constituyen una activo patrimonial de la región autónoma.
Es el grado en que se crea mecanismos para incorporar en la vivencia de las y los jóvenes, el quehacer político, económico y social de la Autonomía Regional.
Es el grado en que reconoce y se crea condiciones instrumentales que le permiten la realización a las personas, expresada en libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Apunta a la construcción de sujetos sociales capaces de realizar la vida que valoran. La persona en el centro del desarrollo procura la promoción de su potencial desarrollo, así como el aumento de sus posibilidades y el disfrute de su libertad para ser quienes aspiran.
Sustenta el modelo de desarrollo de la Costa Caribe donde la institucionalidad autonómica y del nivel central tiene mandatos institucionales, funciones y responsabilidades específicas, pero también los protagonistas tienen derechos y obligaciones que cumplir en los asuntos públicos y comunitarios.
La Costa Caribe con su diversidad multiétnica, multicultural y multilingüe demanda cambios que permitan una relación de equidad entre los grupos que la conforman. Esto se logra a través de procesos dinámicos, permanentes, comunicativos y de aprendizaje mutuo que son esfuerzos colectivos para desarrollar las potencialidades de personas y grupos con diferencias culturales, sobre una base de respeto y creatividad.
La regionalización de competencias y funciones requiere tiempos diferenciados de acuerdo al desarrollo de las capacidades técnicas, administrativas, financieras y de gestión acordadas en los planes conjuntos entre el sector, gobiernos regionales, gobiernos municipales, gobiernos territoriales y comunales.
Todo servicio y/o actividad del sector público que se puede gestionar desde una organización territorial y/o un nivel sub-nacional, sin que aumente el costo significativamente, no debe gestionarse sino excepcionalmente desde un nivel superior.
Prevé la valoración de capacidad con criterios objetivos y consensuados para una gestión efectiva de los gobiernos regionales, gobiernos municipales y gobiernos territoriales indígenas y afro descendientes, con el objeto de proceder a la implementación del modelo de desarrollo de la autonomía.
El proceso parlamentario está consciente de que el desarrollo exige la coherencia y articulación de los planes y políticas de desarrollo comunal, municipal, regional y nacional, generando sinergia y armonía en las acciones territoriales, previendo duplicidades en el ejercicio competencial y de intervención.
Es el grado en que proceso parlamentario mandata el seguimiento de las líneas estratégicas para la consecución de los objetivos, ejes y programas establecidos en las políticas, estrategias y planes que permitan mejorar la orientación y focalización de los recursos nacionales, regionales, municipales, territoriales y de la cooperación externa.
El proceso parlamentario persigue el cumplimiento de las normas y criterios que garanticen que la población tenga acceso a la información de la administración pública en todos los niveles de gobierno que promuevan una cultura de rendición de cuentas y de transparencia administrativa en corresponsabilidad con todos los actores del desarrollo.
Es el grado en que el proceso parlamentario fomente y fortalezca el respeto a los conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos costeños que fundamenten sus sentido de pertenencia.
Enfocado a garantizar la participación en la toma de decisión de lideresas, autoridades y funcionarias y empoderamiento de todas las mujeres en igualdad de oportunidades en todo el proceso social, económico y político de la Autonomía Regional.
Orientado a que el liderazgo de la región asuma como propio el sistema de la institucionalidad autonómica.
La regionalización sectorial demanda del desarrollo y modernización de las entidades que conforman el sistema autonómico que permitan incrementar y mejorar los servicios públicos para mejorar el desarrollo humano con equidad y justicia.
Establece las pautas en que la población y/o las instituciones puedan mantener vigentes y mejorar los cambios logrados para el desarrollo de sus comunidades, territorios y regiones que impactan en la calidad de vida de la población.
Es el grado en que los actores se ponen de acuerdo sobre su actuación para el desarrollo regional.
Como mecanismos para que los sectores sociales y económicos se integren y responsabilicen en la cogestión del desarrollo humano a través de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación y la consulta de las normativas y leyes.
Una correcta gestión del medio ambiente y de los recursos naturales procurando un sistema de planificación y de ordenamiento regional, municipal y territorial, que permita la armonía entre los territorios y las comunidades, haciendo compatible la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos.
Es el deber de todos los niveles de Gobierno de establecer relaciones armónicas entre sí en cuanto a la administración pública y el reflejo de los principios constitucionales.
La actuación del liderazgo político y los funcionarios públicos deben orientarse a generar resultados tangibles y medibles en la gestión pública.

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