Es el grado en que se construye una cohesión social a través de la paz y la prosperidad a la vez que se reconoce y se fomenta las identidades propias de los diferentes grupos sociales y étnicas en la forma de expresiones culturales y religiosos las que constituyen una activo patrimonial de la región autónoma.

Es el grado en que se construye una cohesión social a través de la paz y la prosperidad a la vez que se reconoce y se fomenta las identidades propias de los diferentes grupos sociales y étnicas en la forma de expresiones culturales y religiosos las que constituyen una activo patrimonial de la región autónoma.

Sustenta el modelo de desarrollo de la Costa Caribe donde la institucionalidad autonómica y del nivel central tiene mandatos institucionales, funciones y responsabilidades específicas, pero también los protagonistas tienen derechos y obligaciones que cumplir en los asuntos públicos y comunitarios.

La regionalización de competencias y funciones requiere tiempos diferenciados de acuerdo al desarrollo de las capacidades técnicas, administrativas, financieras y de gestión acordadas en los planes conjuntos entre el sector, gobiernos regionales, gobiernos municipales, gobiernos territoriales y comunales.

El proceso parlamentario está consciente de que el desarrollo exige la coherencia y articulación de los planes y políticas de desarrollo comunal, municipal, regional y nacional, generando sinergia y armonía en las acciones territoriales, previendo duplicidades en el ejercicio competencial y de intervención.

Es el grado en que se construye una cohesión social a través de la paz y la prosperidad a la vez que se reconoce y se fomenta las identidades propias de los diferentes grupos sociales y étnicas en la forma de expresiones culturales y religiosos las que constituyen una activo patrimonial de la región autónoma.

Orientado a que el liderazgo de la región asuma como propio el sistema de la institucionalidad autonómica.

Establece las pautas en que la población y/o las instituciones puedan mantener vigentes y mejorar los cambios logrados para el desarrollo de sus comunidades, territorios y regiones que impactan en la calidad de vida de la población.

Como mecanismos para que los sectores sociales y económicos se integren y responsabilicen en la cogestión del desarrollo humano a través de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación y la consulta de las normativas y leyes.

Es el deber de todos los niveles de Gobierno de establecer relaciones armónicas entre sí en cuanto a la administración pública y el reflejo de los principios constitucionales.